El Tribunal Supremo del estado australiano de Queensland ha dictaminado que el programa de vacunación obligatoria
impuesto durante la pandemia de coronavirus entre 2021 y 2022 era ilegal y violaba los derechos humanos.
Los empleados debían vacunarse -según lo prescrito por el Estado- o presentar una autorización de exención.
Esta sentencia podría enviar una señal y tener consecuencias de gran alcance para el manejo de la pandemia de
coronavirus orquestada a nivel mundial en términos de mandatos de vacunación y derechos civiles.
El sindicato policial de Queensland ha empezado a presentar reclamaciones por daños y perjuicios.
Esta sentencia también podría ser pionera en Alemania a la hora de abordar el caso.
¿Cuándo rendirán cuentas por fin los responsables de este país y de la OMS?