Desde 2021, la Unión Europea está impulsando planes para crear un registro de patrimonio de la UE, cuyas consecuencias
son mucho más trascendentales de lo que parece a primera vista.
En esencia, se trata de crear una base de datos centralizada en la que se registren los activos de los ciudadanos de la UE.
En este contexto, no solo se presta atención a los activos líquidos depositados en cuentas bancarias, sino que también se
está estudiando la posibilidad de incluir inmuebles, participaciones en empresas,
criptomonedas, obras de arte y otros activos.
Oficialmente, el registro tiene por objeto luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Los detractores, por su parte, advierten del grave atentado contra la privacidad de los ciudadanos
y del considerable riesgo de abuso. ¡Y con razón!
Y es que los datos recopilados también podrían utilizarse para otros fines, por ejemplo, para
lo que se conoce como «compensación de cargas».
En Alemania ya existía un sistema de compensación de cargas tras la Segunda Guerra Mundial.
Se instauró en 1949 en memoria de las víctimas y los heridos de la Segunda Guerra Mundial.
La ley correspondiente permitía al Gobierno federal recaudar impuestos coercitivos, incluyendo
hipotecas coercitivas, durante un período de 30 años.
Bajo el mandato del canciller Friedrich Merz, la deuda pública alemana se ha disparado.
Otros países de la UE, como Grecia o Italia, también están muy endeudados.
Para resolver este problema, en la política y en los medios de comunicación se debate una y otra
vez sobre la distribución equitativa de la carga.
Eso significaría que el Estado se apropiaría de los bienes de sus ciudadanos, es decir, que los expropiaría.
El exvicecanciller alemán Sigmar Gabriel ya se había pronunciado a favor de ese tipo de reparto
de la carga durante la crisis del coronavirus.
Sigmar Gabriel no es simplemente una voz más entre muchas.
Es presidente de Atlantik-Brücke.
Esta organización fue fundada en 1952 por John McCloy, un hombre de confianza de Rockefeller que, como figura clave
de la masonería de alto grado, contaba con una amplia red de contactos y ejercía una enorme influencia.
El objetivo de Atlantik-Brücke es, evidentemente, orientar la política alemana siguiendo estrictamente las directrices de
sus fundadores, pertenecientes a la masonería de alto grado.
La organización Atlantik-Brücke agrupa a 800 personalidades destacadas del sector bancario y financiero,
la economía, la política y los medios de comunicación.
Friedrich Merz también fue presidente de Atlantik-Brücke.
Llama la atención que las redacciones de los principales medios de comunicación cuenten con unos 100 miembros, lo
que confiere a sus ideas un enorme poder de influencia.
Así pues, cuando el presidente de Atlantik-Brücke saca a colación la cuestión de la distribución de cargas, es
un claro indicio de la agenda que se está gestando entre bastidores en estos círculos.
Para profundizar en el tema, no se pierda también el programa: «Cómo Alemania está
controlada desde el exterior: el Atlantik-Brücke».
La política de Los Verdes Katrin Göring-Eckardt también fue miembro de Atlantik-Brücke en el pasado.
Ya ha solicitado un informe pericial sobre una compensación de cargas —denominada aquí «contribución patrimonial única»—.
Ella y otros compañeros de partido de Los Verdes se pronunciaron en 2022 a favor de ese reparto de cargas en relación
con los gastos derivados de la pandemia del coronavirus y las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania.
¿Podría ser, por tanto, que a través de la UE —que está algo más alejada de los ciudadanos y no es objeto de tanta
atención pública— se estén sentando ahora las bases para poder recaudar ese tipo de impuestos sobre el patrimonio?
¿Cuál es la situación actual en lo que respecta al registro patrimonial de la UE?
En 2021, la Comisión Europea encargó un estudio de viabilidad que se completó en 2024.
Hasta ahora no existe ningún acto jurídico relativo a la creación de dicho registro patrimonial.
Hasta ahora, la UE ha desmentido que esto esté previsto.
La creación de un registro de este tipo también sería muy impopular.
Sin embargo, no hay que dejarse engañar y hay que mantenerse alerta.
Y es que, en mayo de 2024, el Consejo de la UE, a propuesta de la Comisión Europea, aprobó una directiva que obliga a los Estados
miembros a crear registros centrales de cuentas bancarias.
El objetivo es registrar a todas las personas que tengan o controlen cuentas de depósito, cuentas de
criptoactivos y cajas de seguridad en los bancos.
Otra directiva prevé un sistema de interconexión de estos registros de cuentas bancarias, gestionado
por la Comisión Europea, de modo que se pueda acceder a la información de los bancos.
También se crearán registros inmobiliarios centrales y registros centrales de propietarios de empresas, a los que tendrán
acceso las autoridades de todos los Estados miembros de la UE.
Conclusión: La Comisión Europea parece estar engañando a sus ciudadanos.
Mientras finge que no quiere seguir adelante con los planes de crear un registro patrimonial, entre bastidores se
están tejiendo los hilos necesarios para poder obtener, a través de los bancos, la información necesaria.
Cuando estos registros bancarios estén completamente desarrollados, constituirán, por tanto,
un registro de patrimonio por la puerta trasera.
Cabe dudar de que a la Comisión Europea le preocupe únicamente la lucha contra el blanqueo
de capitales y la financiación del terrorismo.